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Podría haber excarcelación por cultivos de coca de hasta 3,8 hectáreas

Los escuadrones de erradicación forzada han destruido este año 9.000 hectáreas de hoja de coca en Tumaco. Los escuadrones de erradicación forzada han destruido este año 9.000 hectáreas de hoja de coca en Tumaco. Raul Arboleda / AFP

La polémica propuesta está en un proyecto de despenalización presentado por el Gobierno.

 

Los campesinos que tengan cultivos de entre 18 metros cuadrados y 3,8 hectáreas de coca; 18 y 84 metros de marihuana y 0,8 y 3.840 metros cuadrados de amapola no irán a la cárcel. La pena para esa conducta ilegal pasa de entre seis y 12 años a entre uno y cuatro años, lo que convierte el delito en excarcelable.

 

Ese es uno de los puntos claves del proyecto de ley sobre tratamiento penal diferenciado para cultivadores ilegales radicado este martes por el ministro de Justicia en el Congreso y que en esencia busca minimizar el impacto penal sobre los eslabones más débiles en la cadena del narcotráfico.

Pero se trata de una iniciativa polémica porque los expertos en cuanto a cultivos advierten que el área de coca que sería despenalizada es, en la práctica, mucho mayor que la que cultivan la mayoría de familias que viven de las narcosiembras. 

El proyecto, que forma parte de lo acordado con las Farc en La Habana, plantea esas gabelas por un año, durante el cual los cultivadores deben manifestar su intención de terminar con la actividad ilegal y acogerse a los programas de sustitución de cultivos. Y, tras esos 12 meses de verificación sobre la no reincidencia de los cultivos, se procedería a la extinción de la acción penal: es decir, se borraría el delito y todos sus registros. 

Los datos del Sistema Integrado de Medición de Cultivos Ilícitos (Simci) de Nacionas Unidas, que es el registro oficial de todas las cifras de narcotráfico en Colombia, señalan que en el 2016 había en el país 106.900 familias que vivían de los cultivos. 

Esa misma medición detectó 146.000 hectáreas sembradas con la hoja: si se asumiera que esas familias son las únicas responsables de los cultivos –algo que no es así, porque hay miles de hectáreas de siembras industriales, directamente manejadas por narcotraficantes–, el promedio de un cultivo por familia sería de 1,4 hectáreas. 

De allí que casi triplicar esa medición hasta 3,8 hectáreas genere fuertes reservas. 

Álvaro Balcázar, quien asesoró al Gobierno en el punto 4 del acuerdo de La Habana, referente a narcotráfico, asegura que los campesinos no tienen más de una hectárea de coca, califica la propuesta del Gobierno de “inoportuna” y advierte que podría dar lugar, incluso, a una nueva disparada de las siembras de coca.

"Esta ley permitirá que con relativa rapidez superemos el tema de los cultivos"

En el 2012, dice, los cultivos estaban en descenso y no superaban las 50.000 hectáreas. “Se quería promover una política de sustitución voluntaria, crear un clima que favoreciera la participación de los campesinos en la sustitución voluntaria. Sin embargo, una vez firmado el acuerdo, este tema fue entendido erróneamente; incluso, las Farc lo propagaron de manera tramposa diciendo que solo quienes tuvieran cultivos iban a recibir beneficios. Eso impulsó de una forma extraordinaria los cultivos”, dice Balcázar. Y agrega: “Una medida que era positiva y se justificaba hace cuatro años refuerza hoy la expectativa de impunidad y de buen negocio”.

El artículo también tendrá oposición del fiscal Néstor Humberto Martínez, quien le dijo a EL TIEMPO que se trata de una señal equivocada que puede dar lugar a repetir situaciones como las del Catatumbo, donde hace cuatro años el Estado decidió dejar de actuar contra los cultivos y donde hoy la coca experimenta los crecimientos más grandes de todo el país. 

Autoridades antinarcóticos consultadas por este diario comparten las preocupaciones. “Como está, este proyecto de ley prácticamente autoriza y motiva a sembrar la coca”, dijo un alto oficial de la Fuerza Pública. Los cálculos de la Policía señalan que de 3,8 hectáreas de coca se pueden extraer hasta ocho kilos de base de coca por cosecha, y hay cuatro cosechas al año. Por kilo de base se pagan 2 millones de pesos, lo que representaría un ingreso ilegal de al menos 64 millones de pesos al año. Hoy los planes de sustitución ofrecen al campesino, en total, 37 millones de pesos. 

El Gobierno se defiende diciendo que para precisar quién es un cultivador en pequeña escala se tuvo en cuenta la cantidad de área sembrada para obtener beneficios de hasta dos salarios mínimos. En ese sentido, señala que si bien es cierto en muchas regiones del país, para el caso de coca es menos de una hectárea, y en otras regiones como Caquetá y Putumayo el cultivador necesita casi 3,8 hectáreas para lograr esas ganancias.

De acuerdo con el proyecto, solo podrán acceder al tratamiento penal diferenciado las personas que “ostentan alguna relación jurídica, formal o precaria con el predio, financian para su propio beneficio las fases de cultivo (...) En consecuencia, no podrán acceder al tratamiento penal diferenciado aquellos financiadores de las plantaciones, sus semillas o cosechas cuya pertenencia a una organización criminal sea comprobada, o a terceros financiadores”.

Por su parte, Eduardo Díaz, director de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, dice que lo que busca el proyecto es no seguir confrontando a los pequeños campesinos como si fueran narcotraficantes. Dice que no se gana nada metiéndolos a la cárcel sin proponerles una alternativa de desarrollo. Indica que la ley tiene un plazo de un año en el que los campesinos se podrán acoger a los programas de sustitución y que deben demostrar su adherencia al proyecto para recibir los beneficios penales. Después de firmado el compromiso tienen hasta 45 días para acabar con el cultivo. “Esta ley permitirá que con relativa rapidez superemos el tema de los cultivos”, afirma. 

La propuesta, que será estudiada vía fast track en el Congreso, también beneficia a quienes estén detenidos preventivamente o ya hayan sido condenados. A ellos se les suspenderá el procedimiento penal.

Otra iniciativa del paquete de paz, la que alivia las condenas de mujeres cabeza de familia que han caído en el narcotráfico, también genera polémica. El Fiscal ha dicho que esa propuesta no protege a las mujeres sino que permite que sean instrumentalizadas por las organizaciones del narcotráfico.

¿Qué está pasando con las narcosiembras?

1. En 80 por ciento va la meta de erradicación forzada
Hay ‘ruido’ por los dos tiempos que existen en los planes contra la coca. Por un lado, los equipos de erradicación forzada integrados por el Ejército y la Policía avanzan hacia la meta de destruir 50.000 hectáreas de coca en el año. Ya van en 40.000 y podrían pasar del tope. Pero los planes de sustitución no van al mismo ritmo, al punto de que la meta de 50.000 hectáreas de coca sustituidas se cumpliría solo el próximo mayo.

2. Sustitución voluntaria no va ni en 35 por ciento

28.372 familias han firmado los pactos de sustitución, equivalentes a 22.872 hectáreas de coca. De ellas, 6.447 familias están en Tumaco. El pacto es clave porque implica el compromiso de comunidades enteras para desterrar los cultivos ilegales con el apoyo del Estado. La sustitución de los cultivos se verifica por la ONU dos meses después de firmado el pacto. Por eso, las cifras este año van a terminar en rojo en ese campo. Las familias reciben en total 37 millones de pesos, un millón mensual por un año, para sobrevivir y el resto para implementar el programa productivo.

3. La coca está creciendo en algunas regiones
Aunque los ojos del país están puestos en zonas convulsionadas como Nariño y Guaviare, allí están operando los planes de erradicación forzosa y despegó la sustitución. Por eso es probable, incluso, que al final del año en las zonas se halle menos coca, algo que sería histórico al menos en el caso de Nariño. En regiones como el Catatumbo y el noreste antioqueño, la coca está creciendo de la mano de las bandas criminales, como el ‘clan Usuga’, y de la guerrilla del Eln.

El Catatumbo, bomba de tiempo

Hace cuatro años que en el Catatumbo no se erradican los cultivos de coca, en cumplimiento de acuerdos entre el Gobierno y organizaciones campesinas de la zona. Ese fue uno de los puntos acordados para levantar el paro agrario de agosto de 2013.

“Caminamos sobre matas de coca”, dijo a EL TIEMPO un alto jerarca de la Iglesia católica, para quien la problemática social y económica es grave en la región. El Simci reportó un crecimiento del 115 por ciento en los narcocultivos: pasaron de 11.527 hectáreas en 2015 a 24.831 en 2016. La zona más afectada es Tibú con 12.787 hectáreas. “En el pasado la negociación que se hizo en Tibú dio como resultado entregarle todo el territorio al narcotráfico”, señaló el fiscal Néstor Humberto Martínez. 

Allí son fuertes ‘los Pelusos’ y el ‘clan Úsuga’.

Fuente: www.eltiempo.com