Pagos

PAGOS4 

Consultas

Lista-Clinton  
Antecedentes-PONAL  
Procuraduria  
BDME  
SIMIT  
rue  
ONU  
BIS  

Reconocimientos

 


Crowe-

Dario Fernando Meneses

Dario Fernando Meneses

Las autoridades peruanas destruyeron siete laboratorios clandestinos para la elaboración de cocaína, incautaron 18 kilos de la droga y detuvieron a cuatro presuntos terroristas a cargo del resguardo de esos locales en la selva central de Perú, según informó hoy el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

El operativo conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se realizó entre el 18 de octubre y el 6 de noviembre en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) contra las mafias del narcotráfico, que actúan aliadas con los remanentes terroristas.

Los cuatro detenidos tenían dos fusiles, dos escopetas, tres cargadores para diferentes tipos de armamento, un visor nocturno, una radio y 73 cartuchos de diferente calibre, los cuales fueron incautados por la Policía.

Asimismo, las Fuerzas armadas ubicaron y destruyeron siete laboratorios rústicos para la elaboración de cocaína y 15 hectáreas de plantaciones de cannabis sativa, que pueden producir un equivalente a 17,5 toneladas de marihuana.

Los agentes decomisaron además 18 kilos de pasta básica de cocaína y destruyeron 13.980 kilos de hoja de coca, 9.322 kilos de insumos químicos y productos fiscalizados, entre otros artículos y combustible. (EFE)

Fuente: peru.com

Al parecer, la coca es de la ‘Yatusabes’, estructura criminal que trabajaría de la mano de alias el ‘Saya’, uno de los bandidos todopoderosos del ‘Bronx’.

 

Por: Andrés Rosales García

El pasado 30 de octubre, a las 9:20 de la mañana, 19 agentes de la Sijín en Chía recibieron la orden de iniciar una búsqueda sin tregua de un camión blanco tipo ‘thermoking’ que despedía un olor pestilente.

“Un olor a queso podrido”, les había dicho el oficial al mando.

La orden tenía como trasfondo una investigación que él mismo había iniciado meses atrás en El Doncello (Caquetá), desde donde se despacha la mayor parte de base de coca que abastece a Chía y los municipios de Sabana Centro.

 
 

Las pesquisas lo habían llevado, a él y a un par de investigadores más, hasta un presunto narco, alias el ‘Oso’, a quien no le había podido comprobar nada. 

Pero ese lunes, un ajuste de cuentas entre narcotraficantes originó una llamada al oficial. Al otro lado de la línea, el ‘Oso’ delataba un cargamento “grande”, prácticamente invisible. 

“Solo lo puede ver con la nariz”, dijo el informante.

Y tenía razón. Ese día, y luego de más de 8 horas de búsqueda, los sabuesos de la Sijín interceptaron un camión con esa descripción por la carrera séptima, a la altura de Torca, en límites con Bogotá. Al abrir las puertas de refrigeración, el terrible olor a queso en descomposición les indicó que iban por buen camino.

Aunque transportaba 110 kilos de base de coca cuyo valor se aproxima a los mil millones de pesos en el centro del país, el conductor del camión se mostró muy tranquilo.

“Ya me han parado varias veces. Tranquilos, revisen lo que quieran”, dijo. Agregó que venía del sur del país y que solo transportaba alimentos. Efectivamente, además del hedor del lácteo podrido, los agentes no hallaron nada sospechoso, por más que inspeccionaron el vehículo.

“Sabíamos que si nos equivocábamos, teníamos que pagar los destrozos que le hiciéramos al vehículo. Eso nos frenaba un montón”, dijo el oficial, que tomó la decisión de pedir ayuda al Cuerpo de Bomberos de Bogotá. Ellos llegaron con motosierras y hachas para desbaratar el camión.

Ahí las cosas empezaron a cambiar. Los investigadores hallaron un pequeño motor ajeno al vehículo y un mecanismo automático que abría al menos 14 compartimientos escondidos en el refrigerador.

Al parecer, la coca es de la ‘Yatusabes’, estructura criminal que trabajaría de la mano de alias el ‘Saya’, uno de los bandidos todopoderosos del ‘Bronx’, amo y señor del ‘menudeo’ en Chía y quien tiene varias órdenes de captura, una por homicidio. La coca incautada se iba a convertir en 300.000 dosis de bazuco.

Fuente:  www.eltiempo.com

 

México aumentó su calificación en las mejores prácticas internacionales de procedimientos, tiempos, costos y calidad de regulaciones federales y locales que tienen un impacto en el ambiente de negocios para las pequeñas y medianas empresas (Pymes), al sumar 72.27 puntos, 0.18 más que el año previo, señaló el Banco Mundial.

Los resultados del reporte Doing Business 2018, que mide la facilidad para hacer negocios en 190 países, se acotó que el país mejora cada vez más y que con ese puntaje se acerca a Nueva Zelandia, que tiene las mejores prácticas, al registrar una calificación de 86.55 puntos.

Con este resultado México mantiene la mejor posición en América Latina, superando a Chile (55); Perú (58); Colombia (59); Costa Rica (61); Argentina (117); y Brasil (125). Superó también a economías de grandes mercados emergentes del G20, incluyendo a Turquía (60); China (78); y Sudáfrica (82), además de países de la Unión Europea, como Bélgica (52) y Luxemburgo (63).

La economía número uno en el ranking fue Nueva Zelandia, seguida de Singapur, Dinamarca, Corea del Sur y Hong Kong, según el reporte del banco que analizó 10 indicadores que miden el número de procedimientos, tiempos, costos y calidad de regulaciones federales y locales que impactan el ambiente de negocios para las Pymes, señaló la Secretaría de Economía.

El país mejoró su calificación en los indicadores de apertura de empresas, con 72.09 puntos y la posición 49, así como una previsión de 72.27 para 2018. En obtención de permisos de construcción, con 68.18 puntos y la posición 87, así como una previsión de 68.28 para 2018. En obtención de electricidad, con 68.32 puntos y la posición 92, así como una previsión de 70.99 para 2018.

Permanecen sin cambio los indicadores de obtención de crédito, cumplimiento de contratos, protección a inversionistas minoritarios (con 58.33 puntos y la posición 62, así como una previsión de 58.33 para 2018) y comercio transfronterizo (con 82.09 puntos y la posición 63, así como una previsión de 82.09 para 2018.

Finalmente, el Banco Mundial presentó en su reporte 2018, un retroceso para los indicadores de registro público de la propiedad, pago de impuestos y resolución de insolvencia, de acuerdo con un comunicado de la dependencia económica mexicana.

Fuente: mexicoxport.com

TUCSON, Arizona. Agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector Tucson de las estaciones Willcox y Ajo detuvieron a cuatro ciudadanos estadounidenses y un titular de tarjeta de Residente Permanente por su participación en tres intentos de contrabando de personas durante el fin de semana.

El viernes por la tarde, agentes en el puesto de inmigración en la Ruta Estatal 80 cerca de Tombstone remitieron a dos mujeres Phoenix de 20 años en un Honda Civic para una inspección secundaria del vehículo después de que un perro de la Patrulla Fronteriza alertara sobre un olor que fue entrenado para detectar. Cuando los agentes abrieron el baúl del Civic para investigar, descubrieron a un mexicano de 23 años dentro. Los agentes arrestaron a ambas mujeres por tráfico de personas y se apoderaron del vehículo.

El domingo por la noche, agentes que trabajaban en el mismo punto de control de inmigración remitieron a dos hombres de Phoenix de 19 años en un Honda Accord para una inspección secundaria del vehículo después de que un perro de la Patrulla Fronteriza alertara de un olor que fue entrenado para detectar. Cuando los agentes abrieron el maletero del vehículo, descubrieron en el interior a un mexicano de 25 años. Los agentes tomaron el Honda y arrestaron al conductor y al pasajero por contrabando.

También el domingo por la noche, agentes que trabajaban en el puesto de control de inmigración de la ruta estatal 85 cerca de Ajo, Arizona, remitieron a la conductora y pasajero masculino de una Hyundai Sonata para una segunda inspección y descubrieron que el pasajero, de 59 años, había ingresado ilegalmente a Estados Unidos desde México. Los agentes se apoderaron del Hyundai y arrestaron al conductor, identificado como residente permanente de 50 años, por contrabando.

Los tres varones mexicanos serán procesados por violaciones a la ley de inmigración de acuerdo con las directrices del sector de Tucson.

La ley federal permite a los agentes acusar a las personas mediante una queja, un método que permite la presentación de cargos por actividades delictivas sin inferir culpabilidad. Se presume que un individuo es inocente a menos que o hasta que se presente evidencia competente ante un jurado que establezca culpabilidad más allá de una duda razonable.

Los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos reciben con agrado la asistencia de la comunidad. Los ciudadanos pueden reportar actividades sospechosas a la Patrulla Fronteriza y permanecer en el anonimato llamando gratis al 1-877-872-7435. Reportar actividades ilícitas podría resultar en salvar la vida de alguien.

 

La polémica propuesta está en un proyecto de despenalización presentado por el Gobierno.

 

Los campesinos que tengan cultivos de entre 18 metros cuadrados y 3,8 hectáreas de coca; 18 y 84 metros de marihuana y 0,8 y 3.840 metros cuadrados de amapola no irán a la cárcel. La pena para esa conducta ilegal pasa de entre seis y 12 años a entre uno y cuatro años, lo que convierte el delito en excarcelable.

 

Ese es uno de los puntos claves del proyecto de ley sobre tratamiento penal diferenciado para cultivadores ilegales radicado este martes por el ministro de Justicia en el Congreso y que en esencia busca minimizar el impacto penal sobre los eslabones más débiles en la cadena del narcotráfico.

Pero se trata de una iniciativa polémica porque los expertos en cuanto a cultivos advierten que el área de coca que sería despenalizada es, en la práctica, mucho mayor que la que cultivan la mayoría de familias que viven de las narcosiembras. 

El proyecto, que forma parte de lo acordado con las Farc en La Habana, plantea esas gabelas por un año, durante el cual los cultivadores deben manifestar su intención de terminar con la actividad ilegal y acogerse a los programas de sustitución de cultivos. Y, tras esos 12 meses de verificación sobre la no reincidencia de los cultivos, se procedería a la extinción de la acción penal: es decir, se borraría el delito y todos sus registros. 

Los datos del Sistema Integrado de Medición de Cultivos Ilícitos (Simci) de Nacionas Unidas, que es el registro oficial de todas las cifras de narcotráfico en Colombia, señalan que en el 2016 había en el país 106.900 familias que vivían de los cultivos. 

Esa misma medición detectó 146.000 hectáreas sembradas con la hoja: si se asumiera que esas familias son las únicas responsables de los cultivos –algo que no es así, porque hay miles de hectáreas de siembras industriales, directamente manejadas por narcotraficantes–, el promedio de un cultivo por familia sería de 1,4 hectáreas. 

De allí que casi triplicar esa medición hasta 3,8 hectáreas genere fuertes reservas. 

Álvaro Balcázar, quien asesoró al Gobierno en el punto 4 del acuerdo de La Habana, referente a narcotráfico, asegura que los campesinos no tienen más de una hectárea de coca, califica la propuesta del Gobierno de “inoportuna” y advierte que podría dar lugar, incluso, a una nueva disparada de las siembras de coca.

"Esta ley permitirá que con relativa rapidez superemos el tema de los cultivos"

En el 2012, dice, los cultivos estaban en descenso y no superaban las 50.000 hectáreas. “Se quería promover una política de sustitución voluntaria, crear un clima que favoreciera la participación de los campesinos en la sustitución voluntaria. Sin embargo, una vez firmado el acuerdo, este tema fue entendido erróneamente; incluso, las Farc lo propagaron de manera tramposa diciendo que solo quienes tuvieran cultivos iban a recibir beneficios. Eso impulsó de una forma extraordinaria los cultivos”, dice Balcázar. Y agrega: “Una medida que era positiva y se justificaba hace cuatro años refuerza hoy la expectativa de impunidad y de buen negocio”.

El artículo también tendrá oposición del fiscal Néstor Humberto Martínez, quien le dijo a EL TIEMPO que se trata de una señal equivocada que puede dar lugar a repetir situaciones como las del Catatumbo, donde hace cuatro años el Estado decidió dejar de actuar contra los cultivos y donde hoy la coca experimenta los crecimientos más grandes de todo el país. 

Autoridades antinarcóticos consultadas por este diario comparten las preocupaciones. “Como está, este proyecto de ley prácticamente autoriza y motiva a sembrar la coca”, dijo un alto oficial de la Fuerza Pública. Los cálculos de la Policía señalan que de 3,8 hectáreas de coca se pueden extraer hasta ocho kilos de base de coca por cosecha, y hay cuatro cosechas al año. Por kilo de base se pagan 2 millones de pesos, lo que representaría un ingreso ilegal de al menos 64 millones de pesos al año. Hoy los planes de sustitución ofrecen al campesino, en total, 37 millones de pesos. 

El Gobierno se defiende diciendo que para precisar quién es un cultivador en pequeña escala se tuvo en cuenta la cantidad de área sembrada para obtener beneficios de hasta dos salarios mínimos. En ese sentido, señala que si bien es cierto en muchas regiones del país, para el caso de coca es menos de una hectárea, y en otras regiones como Caquetá y Putumayo el cultivador necesita casi 3,8 hectáreas para lograr esas ganancias.

De acuerdo con el proyecto, solo podrán acceder al tratamiento penal diferenciado las personas que “ostentan alguna relación jurídica, formal o precaria con el predio, financian para su propio beneficio las fases de cultivo (...) En consecuencia, no podrán acceder al tratamiento penal diferenciado aquellos financiadores de las plantaciones, sus semillas o cosechas cuya pertenencia a una organización criminal sea comprobada, o a terceros financiadores”.

Por su parte, Eduardo Díaz, director de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, dice que lo que busca el proyecto es no seguir confrontando a los pequeños campesinos como si fueran narcotraficantes. Dice que no se gana nada metiéndolos a la cárcel sin proponerles una alternativa de desarrollo. Indica que la ley tiene un plazo de un año en el que los campesinos se podrán acoger a los programas de sustitución y que deben demostrar su adherencia al proyecto para recibir los beneficios penales. Después de firmado el compromiso tienen hasta 45 días para acabar con el cultivo. “Esta ley permitirá que con relativa rapidez superemos el tema de los cultivos”, afirma. 

La propuesta, que será estudiada vía fast track en el Congreso, también beneficia a quienes estén detenidos preventivamente o ya hayan sido condenados. A ellos se les suspenderá el procedimiento penal.

Otra iniciativa del paquete de paz, la que alivia las condenas de mujeres cabeza de familia que han caído en el narcotráfico, también genera polémica. El Fiscal ha dicho que esa propuesta no protege a las mujeres sino que permite que sean instrumentalizadas por las organizaciones del narcotráfico.

¿Qué está pasando con las narcosiembras?

1. En 80 por ciento va la meta de erradicación forzada
Hay ‘ruido’ por los dos tiempos que existen en los planes contra la coca. Por un lado, los equipos de erradicación forzada integrados por el Ejército y la Policía avanzan hacia la meta de destruir 50.000 hectáreas de coca en el año. Ya van en 40.000 y podrían pasar del tope. Pero los planes de sustitución no van al mismo ritmo, al punto de que la meta de 50.000 hectáreas de coca sustituidas se cumpliría solo el próximo mayo.

2. Sustitución voluntaria no va ni en 35 por ciento

28.372 familias han firmado los pactos de sustitución, equivalentes a 22.872 hectáreas de coca. De ellas, 6.447 familias están en Tumaco. El pacto es clave porque implica el compromiso de comunidades enteras para desterrar los cultivos ilegales con el apoyo del Estado. La sustitución de los cultivos se verifica por la ONU dos meses después de firmado el pacto. Por eso, las cifras este año van a terminar en rojo en ese campo. Las familias reciben en total 37 millones de pesos, un millón mensual por un año, para sobrevivir y el resto para implementar el programa productivo.

3. La coca está creciendo en algunas regiones
Aunque los ojos del país están puestos en zonas convulsionadas como Nariño y Guaviare, allí están operando los planes de erradicación forzosa y despegó la sustitución. Por eso es probable, incluso, que al final del año en las zonas se halle menos coca, algo que sería histórico al menos en el caso de Nariño. En regiones como el Catatumbo y el noreste antioqueño, la coca está creciendo de la mano de las bandas criminales, como el ‘clan Usuga’, y de la guerrilla del Eln.

El Catatumbo, bomba de tiempo

Hace cuatro años que en el Catatumbo no se erradican los cultivos de coca, en cumplimiento de acuerdos entre el Gobierno y organizaciones campesinas de la zona. Ese fue uno de los puntos acordados para levantar el paro agrario de agosto de 2013.

“Caminamos sobre matas de coca”, dijo a EL TIEMPO un alto jerarca de la Iglesia católica, para quien la problemática social y económica es grave en la región. El Simci reportó un crecimiento del 115 por ciento en los narcocultivos: pasaron de 11.527 hectáreas en 2015 a 24.831 en 2016. La zona más afectada es Tibú con 12.787 hectáreas. “En el pasado la negociación que se hizo en Tibú dio como resultado entregarle todo el territorio al narcotráfico”, señaló el fiscal Néstor Humberto Martínez. 

Allí son fuertes ‘los Pelusos’ y el ‘clan Úsuga’.

Fuente: www.eltiempo.com

 Las zonas francas colombianas bajaron considerablemente en importaciones y exportaciones.

 

El Dane emitió el reporte y, en agosto, tanto importaciones y exportaciones cayeron.

 

Las exportaciones totales de mercancías desde las zonas francas colombianas no estuvieron en su mejor momento en agosto. Según informe del Dane, en este mes fueron por 174,9 millones de dólares, lo que significa una variación anual negativa, de -38,3 %, en comparación con agosto de 2016 (US$ 283,2 millones).

Este sería uno de los efectos de las menores ventas a Estados Unidos, que caen en 55,7 %.

Entre tanto, las importaciones totales de mercancías fueron de 172,6 millones de dólares, una variación anual de -31,0 %, teniendo en cuenta que en agosto de 2016 fueron de 250,2 millones de dólares.

 

En el acumulado de enero a agosto de 2017, las importaciones hacia las zonas francas fueron 1.540,9 millones de dólares, mientras que en el mismo periodo fuero de 1.439,3 millones de dólares.

En consecuencia, la balanza comercial de las zonas francas colombianas registró un superávit de US$ 6,4 millones, mientras que en el mismo mes del 2016 fue de 43,3 millones de dólares.

 

 

Fuente: www.eltiempo.com

La droga se extrajo de más de 100 postes y durante nueve horas fueron abiertos para sacar más de dos toneladas de cocaína

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO

 

La policía incautó en el puerto de Barranquilla 2.432 kilos de cocaína que estaban ocultos en bloques de madera listos para su embarque en un buque que lo transportaría hasta Algeciras, en España.

 

La droga estaba camuflada en el interior de unos postes de madera, la cual paso una inspección a través del escáner, que no se pudo determinar la densidad de los bloques. “La proporción de tamaño y peso no correspondían, ya que la apariencia de los troncos se presentaban huecas y livianas”, señala el comunicado de la Policía.

Con una broca metálica se perforaron algunos bloques de roble, encontrando que la broca salió contaminada con una sustancia pulverulenta de color blanco. De inmediato se ordenó detener la carga.

En lo que va del año las  autoridades han  decomisado en Barranquilla 9 toneladas de cacaína, que tenía como destino mercados internacionales.

"La proporción de tamaño y peso no correspondían, ya que la apariencia de los troncos se presentaban huecas y livianas"

La droga se extrajo de más de 100 postes y durante nueve horas fueron abiertos para sacar más de dos toneladas de cocaína, que al parecer pertenece al denominado Clan del Golfo.

El buque con el alucinógeno zarparía con destino al puerto de Algeciras en España; “las investigaciones continúan para dar con los responsables directos de este envío y del habilidoso fabricante de la madera”, agrega la información oficial.

 

Fuente: www.eltiempo.com

 

Las autoridades de México se incautaron por primera vez de un dron con explosivos y equipado con un detonador de radiofrecuencia en Guanajuato, un Estado del centro del país donde se ha recrudecido la violencia del crimen organizado, según han informado fuentes oficiales a AFP.

 

El hallazgo ocurrió el pasado viernes cuando cuatro hombres presuntamente vinculados al crimen organizado fueron arrestados. Los sujetos "traían consigo un arma larga, (conocida como) cuerno de chivo, y también un dron (...) que se ha corroborado que es un artefacto explosivo con un detonador remoto y con una gran carga explosiva", explicó el fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa.

 

Según el funcionario, en otras ocasiones ya se han detectado artefactos explosivos de este tipo, pero nunca instalados sobre un dron. "Tanto el explosivo como el arma son de uso exclusivo del Ejército", por lo que se hará lo necesario para que los acusados sean procesados "en consecuencia", afirmó Zamarripa. No obstante, las autoridades desconocen el lugar por el que los criminales pretendían volar el dron.

Desde principios de año, los episodios de violencia ligados al crimen organizado se han multiplicado en Guanajuato, Estado que no hace mucho era considerado entre los más apacibles de México. Los poderosos cárteles Jalisco Nueva Generación, Sinaloa y Los Zetas se disputan el control del Estado. La semana pasada varios cuerpos aparecieron desmembrados en el municipio de Celaya (un modus operandi clásico de sicarios de cárteles), al mismo tiempo que las autoridades arrestaron a numerosos cabecillas de bandas criminales.

Fuente: https://elpais.com

 

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, DEA, publicó su reporte anual en el que mostró preocupación por la situación de cultivos y producción de cocaína en Colombia.

 

La DEA dice que a pesar de la atención asignada a la crisis de consumo de drogas sintéticas en Estados Unidos como el fentanilo y las drogas prescritas, el consumo de cocaína ha aumentado sustancialmente. Un incremento que, asegura, se explica en gran parte por la cifra récord en el aumento de cultivos de coca y producción de cocaína en territorio colombiano.

Afirma que, en su mayoría, la cocaína está entrando a Estados Unidos, a través de México haciendo escala en Centroamérica. Según el reporte, las dos grandes organizaciones de crimen organizado en Colombia son las Farc y el Clan del Golfo, que ahora están haciendo alianzas y trabajando juntas en el negocio del narcotráfico. 

El informe indica que gran parte de la droga colombiana sale por el Caribe y los métodos siguen siendo las lanchas rápidas, los submarinos, los aviones, los barcos pesqueros e, incluso, viajeros denominados mochileros, que cruzan el Tapón del Darién.

La DEA afirma que no hay pronósticos de que la situación vaya a cambiar en los próximos años, ya que Colombia seguirá teniendo el control de la producción y la oferta de la mayoría de la cocaína que se consume en Estados Unidos.

Fuente: http://caracol.com.co

 

La aerolínea Avianca confirmó que desvinculó este miércoles a ocho pilotos que hacen parte de la huelga, que cumple 29 días este jueves.

Según Asociación de Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) los despedidos son pilotos que, aunque están pensionados, cuentan con contrato de trabajo de vuelo con la compañía aérea, y están en la huelga.

 

Asimismo, a otros pilotos les están llegando notificaciones de procesos disciplinarios, según lo había anunciado la propia empresa.

A lo anterior se sumó que el proceso de estudio de la ilegalidad de la huelga tardará más de lo previsto.

Esto porque la Corte Suprema de Justicia, que estaba estudiando el recurso de apelación, devolvió el expediente al Tribunal Superior de Bogotá, debido a que la audiencia que definió esta providencia quedó mal grabada y hacía imposible que los magistrados la oyeran.

“La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ordenó la devolución del expediente para que el tribunal de primera instancia proceda de inmediato a la reconstrucción parcial del mismo (archivos de audio y video de esa tarde)”, señaló la entidad.

Debían negar la huelga

Según conoció EL TIEMPO, los pilotos de Avianca afiliados a Acdac, que siguen en huelga, se negaron a aceptar que habían parado sus actividades debido al desconocimiento de las implicaciones que tiene un proceso laboral de esta naturaleza.

Esta era la condición central que debían aceptar aquellos aviadores que quisieran regresar a sus labores sin represalias, para lo cual la administración de Avianca fijó como plazo el pasado martes 16 de octubre, a las 12 de la noche.

El formato, denominado ‘Acuerdo individual de reincorporación y normalización de operaciones’, que la aerolínea redactó para este propósito, conocido por EL TIEMPO, señalaba una afirmación en ese sentido.

El segundo punto de dicho documento señalaba textualmente: “En relación con el cese de actividades que se viene desarrollando desde el pasado 20 de septiembre del 2017, el piloto abajo firmante manifiesta que no tenía conocimiento preciso y claro de las condiciones y requisitos que supone la votación y desarrollo de una huelga, y que su participación en el cese de actividades mencionado no fue representativa o de liderazgo”.

Y paso seguido venía el compromiso de la empresa de no aplicarle sanciones disciplinarias o despidos como consecuencia de su participación hasta la fecha (16 de octubre), en el cese de actividades.

Según los abogados de Acdac, con este documento lo que la empresa quería era sumar ‘pruebas’ que evidencien que la junta del sindicato presionó a la base (los socios) a la huelga, hecho que en primer lugar inculparía a la junta en una serie de presuntos delitos y, en segundo lugar, dejaría sin piso a Acdac.

Jaime Hernández, presidente de Acdac, ha mencionado que el objetivo es que Acdac desaparezca, lo cual aumentaría el valor de Avianca. Al respecto, la empresa señaló: “Nuestro único interés fue darles la oportunidad a los pilotos de volver voluntariamente a trabajar, y asegurarles, en caso de que entraran en razón, no tener ningún proceso en su contra”.

Entre tanto, la compañía continúa operando a media marcha, pese a que poco a poco otros pilotos comienzan a incorporarse.

 Fuente: http://www.eltiempo.com

Page 1 of 2